El control de convencionalidad es un mecanismo fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional. Su relevancia radica en que fortalece el Estado de derecho, al vincular las normas y actos del Estado a los estándares internacionales de derechos humanos, el control de convencionalidad consolida el Estado de derecho y la primacía de la Constitución. Esto significa que todas las autoridades, sin excepción, deben actuar de conformidad con los principios y valores contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y demás instrumentos internacionales.
Por otra parte, la ponderación se aplica cuando la intervención en el derecho proviene de un acto particular. La ponderación de principios (incluida la fórmula de peso), como parte de la teoría de la argumentación jurídica, es un elemento fundamental en la protección de los derechos fundamentales, pues a través de ella se busca dar una tutela real y efectiva a los derechos fundamentales a fin de determinar cuál debe prevalecer sobre otro en un caso concreto y así darles plena eficacia jurídica.
El principio de proporcionalidad cumple la función de estructurar el procedimiento interpretativo para la determinación del contenido de los derechos fundamentales que resulta vinculante para las autoridades y para la fundamentación de dicho contenido en las decisiones de control de constitucionalidad de las leyes. Hoy día, constituye una herramienta de orientación entre el complejo mundo de valores, contrapesándolos, jerarquizándolos y resolviendo conflictos, y es reconocido como un auténtico principio de derecho y constitucional en el específico ámbito y al servicio de los derechos y libertades fundamentales cuando los derechos fundamentales son objeto de intervención por parte del estado. Así, los test de razonabilidad son herramientas argumentativas que sirven para resolver colisiones de principios. Por medio de criterios, se genera una serie de categorías analíticas que se deben revisar en un determinado caso. Hay varios tipos de test de razonabilidad: el de restricción de derechos, el de igualdad y no discriminación, el de ponderación, el de contenido esencial de los derechos, el de progresividad, el de prohibición de regresión y el de máximo uso de recursos disponibles.
